Dos años de Anastasi frente a la Seguridad de San Luis: la desaparición de Guadalupe, violencia institucional, una inseguridad que no da tregua y el avance de la droga

El 10 de agosto de 2020, Luciano Anastasi juró como ministro de Seguridad provincial. “Los jóvenes están llegando al poder y lo están haciendo muy bien”, expresó el gobernador Alberto Rodríguez Saá en la asunción, refiriéndose a él y otros funcionarios que lo hicieron en simultáneo. Pero no era su primera incursión en el Gobierno, sino que venía desempeñándose como viceministro del entonces ministerio de Justicia, Seguridad, Gobierno y Culto.

En el rol de viceministro, Anastasi era el vocero de la cartera en los reportes epidemiológicos y se encargaba de exponer a quienes habrían no respetado las restricciones, o habían ingresado a San Luis con estudios PCR falsos. Fue en medio de una de esas emisiones, el 5 de agosto, que el gobernador anunció su arribo a la cartera de Seguridad.

Los dos años que lleva como ministro estuvieron cargados por numerosos episodios donde la misma comunidad apuntó a las falencias en el manejo de la seguridad en San Luis. Los hechos delictivos fueron en ascenso, pero lo hicieron de la mano de violencia a la hora de perpetrarlos. Heridos de bala, personas apuñaladas, golpizas brutales para despojar a alguien de sus pertenencias, se volvieron una constante.

En sus primeros días como ministro de Seguridad fue protagonista por dichos desafortunados donde aseguró que el Gobierno se hacía cargo de los pacientes con coronavirus, porque los privados “no querían”. Eso generó enojo y malestar dentro de los trabajadores del sector. Las declaraciones desencadenaron en una caravana que se realizó en octubre de 2020.

Pero quizás el hecho que marcó un antes y un después fue la desaparición de Guadalupe Belén Lucero, la pequeña de seis años de la que aún no se sabe nada. El rapto de la menor marcó la debilidad de un área que no cerró las fronteras a tiempo, no contaba con cámaras de seguridad y no pudo dar con las personas que se la llevaron.

Además estuvo presente la droga. Los últimos datos del ministerio Público Fiscal arrojaron que en 2021 hubo un aumento en el consumo y comercialización de estupefacientes, tras una baja el año anterior por la pandemia. Adolescentes también se encargaron de evidenciar una situación que viven a diario en los barrios de San Luis.

Sin embargo, no fue lo único. Cortaderas fue escenario del brutal asesinato de un vecino, Alejandro Ochoa. En marzo del año pasado se lo llevaron de su casa y a los días apareció sin vida. 16 meses después no hay ninguna persona detenida.

La violencia institucional fue otro de los temas que puso en escena el accionar del ministerio de Seguridad y las fuerzas que están a su cargo. Las muertes de Florencia Morales y Franco Maranguello dentro de dos comisarías fueron un ejemplo. Si bien cuando ambos hechos sucedieron, Anastasi era coordinador estaba en esa área y ya como ministro tampoco pudo brindar claridad o certezas sobre los hechos.

A esos casos se sumaron episodios en la vía pública, denuncia de torturas en seccionales, la muerte de un hincha de fútbol en el ingreso al Estadio Juan Gilberto Funes y el más resonante de los últimos días: la represión que sufrieron jóvenes raperos en la Plaza Pringles.

Estos ejes marcaron los 24 meses que lleva Anastasi al frente de la Seguridad de la provincia. Los reclamos para que deje el cargo fueron numerosos, pero en cada caso Rodríguez Saá hizo oídos sordos y lo ratificó en la función. Hoy San Luis se siente desamparada.

Guadalupe

El 14 de junio de 2021 se llevaron a la nena del Barrio 544 Viviendas. Nadie volvió a saber de ella y todo fue cómo si se hubiera esfumado. La Policía hizo múltiples rastrillajes, allanamientos y procedimientos, pero no encontraron rastros. El ministerio no pudo darle certezas a la familia, ni tampoco justificar porque los límites provinciales se cerraron tarde. Tampoco porqué en la zona no había cámaras de seguridad, ni aportar registros de otros sectores en la ciudad.

Sus apariciones en el marco de la búsqueda eran escasas. Solo compartía algo en las redes sociales cuando arribaban fuerzas federales para colaborar o se reunían con organismos nacionales. 16 días después él junto a Rodríguez Saá recibieron a los papás de Guadalupe. Allí les transmitió que todos los recursos estaban a disposición de la familia para hallarla.

Ya al mes siguiente, eran muchas las voces que advertían la “incapacidad” del funcionario para estar al frente del cargo. Eric Lucero y su abogado, Héctor Zavala fueron los primeros en exponer las falencias. Este último advirtió que “el ministro de Seguridad debería pedirles perdón a los padres por el tiempo transcurrido”.

Yamila Cialone coincidió y salió a desmentirlo cuando dijo que conversaba con ella cada vez que lo necesitaba y se mantenían en contacto. “¿Contactó seguido con la mamá de Guada?, señor ministro, usted sabe que pasaron meses de la última vez que hable con usted”, escribió.

El papá le pidió reuniones que no se concretaron y requirió la impresión de afiches para pegar en toda la provincia. Pero los esfuerzos eran escasos. A los seis meses de la desaparición, el joven fue a manifestarse a Terrazas del Portezuelo y le cerraron los portones.

Así fueron creciendo los pedidos para que renuncie. En el año sin la pequeña se hizo una multitudinaria manifestación para pedir su apartamiento y el de la Plana Mayor de la Policía. Pero no fueron escuchados.

“Ya él ministro de seguridad Anastasi, debía haber denunciado cuando declaró el Alerta Sofía después de 3 días ya desaparecida y aún así sin darle la importancia que debió al caso. Al año del rapto pedimos de nuevo la renuncia en una marcha que fue mucha gente pidiendo lo mismo y todo quedó en la nada. Está más que claro que al gobernador y al ministro no le importa lo que el pueblo pida”, escribió esta semana la mamá.

Inseguridad

A comienzos de 2021, los taxistas fueron los que empezaron a movilizarse por los hechos de inseguridad de los que eran víctimas. La problemática había empezado meses atrás, pero hubo hechos marcados de violencia con conductores apuñalados o heridos de bala, que los llevaron a manifestarse.

Para el sector, la única solución que hubo en dos años fue una aplicación por medio de la cual los choferes tienen que denunciar mientras están siendo víctimas de algún ilícito.

Los asaltos se volvieron una constante que cada vez ponía más en alerta a la población. No solo lo vivían vecinos de San Luis, Villa Mercedes o Merlo, sino que el interior tampoco estaba ajeno. Robos en la calle, de vehículos, ingreso a propiedades o comercios, se convirtieron en los hechos de cada día.

En la principal ciudad turística, las acciones de Anastasi se limitaron a pedirle al intendente Juan Álvarez Pinto que cortara los yuyos para colaborar con la seguridad de la zona.

Muchas fueron las localidades que en este tiempo expusieron falencias en el sistema de seguridad, otras reflejaron la falta de móviles o de personal para las comisarías que debían encargarse de la protección de toda una ciudad. Algunos de esos casos fueron Juana Koslay y Potrero de los Funes.

Los vecinos de diversos puntos veían la desprotección, se encontraban con ladrones corriendo por los techos y eso también los motivó a hacer cortes de calles en barrios y también en las rutas.

Desde el ámbito regulativo hubo pedidos de informes y hasta interpelaciones a Anastasi. Nada llevó alivio a la ciudadanía.

El comercio fue otro de los sectores que vivió de cerca la delincuencia y la falta de acciones. Uno de los hechos más resonantes fue a mediados del año pasado cuando un motochorro casi mató a dos personas en la puerta de la distribuidora Coca Cola y se llevó una mochila con más de $2 millones. Después, junto a sus acompañantes se filmaron junto a los fajos de plata que recién había arrebatado.

Desde las cámaras y asociaciones que nuclean al sector plasmaron esa realidad en varias oportunidades. Una de ellas fue en el marco del Consejo Económico. Relataban que a diario debían ver la inseguridad con delincuentes armados, con disparos y hasta toma de rehenes.

En contraposición, el funcionario pidió a los comercios que aporten sus cámaras para monitorear las calles.

En marzo de este año, el ministro aseguró que la mayor cantidad de robos se daba en el centro porque “es donde la gente se siente más segura y se relaja”. Afirmó que “los puntos de mayores delitos son donde los ciudadanos se sienten más seguros de día”. Además, transmitió sentirse “satisfecho con el esfuerzo” que realizan desde el Gobierno.

Alejandro Ochoa

El 27 de marzo de 2021, dos sujetos armados y encapuchados se lo llevaron de su casa, en la localidad de Cortaderas. Dos amigos vieron todo y fueron testigos claves para una búsqueda que no llegó a nada porque lo mataron.

Seis días más tarde hallaron el cadáver en un campo distante a unos tres kilómetros de la plaza principal del pueblo. Estaba dentro de una propiedad en construcción (donde se había instalado un quincho), en la zona denominada El Adobe, a unos 500 metros de la ruta (hacia el oeste) por un camino vecinal. La autopsia reveló que Alejandro Ochoa tenía mutilaciones en los genitales y murió por asfixia y por una hemorragia.

Los días pasaron y hasta los meses, pero la familia no encontró respuestas ni del Gobierno ni de la Justicia. La Policía no logró dar con los asesinos. Hoy no existen detenidos por el brutal asesinato. “Bebo” y el esclarecimiento de lo que pasó es otra de las asignaturas pendientes de Anastasi.

Florencia Morales y Franco Maranguello

Los dos murieron con días de diferencia dentro de una celda en una comisaría. Fue en plena etapa de restricciones donde Anastasi era el segundo al mando en Justicia, Seguridad, Gobierno y Culto. Los hechos fueron adjudicados a un suicidio, pero la familia apunto a violencia institucional.

Ni como coordinador ni tampoco como ministro, Anastasi pudo llevar alivio o respuestas a las familias. Recién a dos años de la muerte de la mujer en Santa Rosa del Conlara se reunió con una de sus hermanas, Celeste. Fue después de que ésta se lo reclamara a través de Twitter.

El funcionario nunca se había pronunciado sobre el hecho. Pero en el encuentro prometió que harían todo lo pedido por la familia, entre eso, que sacaran de la fuerza a los policías involucrados en el fallecimiento de Morales. Les pidió que esperaran un poco más. Cuatro meses después Celeste dijo que todo “quedó en nada”.

Por el caso, concejales de la Villa de Merlo pidieron la separación del cargo.

Droga

Legisladores formaron parte de uno de los sectores que reclamó políticas para hacer frente al consumo de estupefacientes. El avance de la droga en San Luis marca la realidad y quienes lo expusieron recientemente fueron alumnos de una escuela generativa en medio de una sesión del Concejo Deliberante capitalino.

“Vemos la venta de droga en las esquinas, están los jóvenes consumiendo drogas ilegales”, describieron. Pero no fue lo único, sino que también hicieron alusión a los hechos de inseguridad y el temor que les genera salir de sus hogares a cualquier hora del día.

Asimismo, la Procuraduría de Narcocriminalidad publicó estadísticas de 2021 sobre el consumo y la comercialización en San Luis. En concreto, el año pasado los índices volvieron a subir después de la baja que se registró en 2020, producto de la pandemia. Desde la fiscalía Federal advirtieron que en el último tiempo se han incautado “cantidades crecientes” que se condicen con la realidad de la región.

Abuso policial

El último tiempo se produjeron hechos que trascendieron a raíz del accionar de las fuerzas de seguridad. Uno de ellos fue en inmediaciones al Estadio Juan Gilberto Funes, en la previa a un partido por Copa Argentina que se iba a disputar entre Vélez e Independiente Rivadavia de Mendoza. Pablo Morcos era hincha del conjunto mendocino.

“No me queda duda que lo mataron como ya lo ha hecho la Policía de San Luis con otros ciudadanos”, denunció el abogado de la familia. Sin embargo, desde el Gobierno aseguraron que era un hombre con un importante prontuario y murió producto de un infarto agudo.

Hace poco se sumó un polémico procedimiento policial en San Luis: donde un repartidor de comida aseguró que la Policía lo detuvo, golpeó y privó de la libertad de forma injusta. Relató que buscaban a un ladrón pero terminaron llevándoselo a él.

El episodio más grave fue el domingo 31 de julio en la Plaza Pringles. En la previa a una competencia de freestyle, jóvenes fueron reprimidos por la Policía y nueve de ellos resultaron detenidos. Las imágenes donde se ve a los efectivos golpeándolos y hasta arrastrándolos por el piso llegaron hasta oídos internacionales y hubo numerosos pronunciamientos. Desde artistas referentes hasta Amnistía internacional. Lo mismo hicieron legisladores locales y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en San Luis.

Además de los incidentes en si, Anastasi fue duramente cuestionado porque pasó a disponibilidad a 23 oficiales y desplazó a los dos jefes de la Unidad Regional I. Los familiares de estos convocaron a una manifestación para pedir su renuncia y bajo el fundamento de que los efectivos solamente estaban cumpliendo órdenes. A eso sumaron sobrecarga en las funciones.

Una vez más, el responsable de la Seguridad de San Luis volvió a estar en el centro de la escena, y nuevamente por dudas sobre su gestión.